Dos de cada tres municipios no han construido ningún piso social en 20 años, mientras que en Cataluña se ha triplicado la demanda

En Cataluña, el déficit de vivienda social es evidente, con dos tercios de los municipios que no han registrado la construcción de ninguna vivienda protegida en las últimas dos décadas. El parque de alquiler social solo representa el 1,7% del total, muy por debajo de la media europea del 9%. A pesar de que el 2023 ha sido el año con más construcción de vivienda social en más de una década, con 2.243 nuevos pisos finalizados, esta cifra no es suficiente para atender la creciente demanda: las solicitudes para acceder a viviendas de protección oficial se han triplicado en los últimos diez años, llegando a las 46.608.

En respuesta a esta crisis, el Gobierno ha anunciado un ambicioso plan que prevé la construcción de 50.000 pisos públicos hasta el 2030 y un total de 166.500 en 20 años. Este objetivo forma parte del Plan Territorial Sectorial de Vivienda, que fija una meta total de 275.000 viviendas de alquiler social, de los cuales 166.500 serían de nueva construcción y el resto provendrían de adquisiciones o de la movilización de viviendas existentes hacia el alquiler social.

Aun así, el sector inmobiliario y los agentes sociales muestran escepticismo respecto a la viabilidad de estas medidas. Xavier Vilajoana, presidente de la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE), considera que los tiempos y costes de los permisos son un obstáculo para la construcción de vivienda social, y denuncia que a menudo la fase de permisos se alarga más que la construcción misma. Òscar Gorgues, de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, cuestiona la disponibilidad de suelo por estos proyectos y subraya la falta de recursos financieros, materiales y humanos de la administración para salirlos adelante. También Ferran Font, portavoz de Pisos.com, cuestiona como se ejecutarán estos planes, especialmente en zonas con alta demanda y poca disponibilidad de terrenos.

Históricamente, Cataluña ha construido vivienda social para la venta, pero esto ha provocado que estos pisos acaben al mercado privado, perdiendo su propósito original. Entidades como el Sindicato de Locatarias critican este modelo, considerándolo un error porque los pisos protegidos tendrían que mantenerse dentro del mercado de alquiler social para cumplir una función social a largo plazo. La presidenta del Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona, Carme Trilla, explica que, si no se hubiera vendido esta vivienda, España tendría el parque de vivienda protegida más grande de Europa.

A la vez, la situación de crisis habitacional se refleja en el aumento del número de solicitantes de alquiler social, un signo del desajuste entre oferta y demanda.